Regulador de AFP afirma que nuevo tope de inversión en activos alternativos aumentaría la pensión final sobre 10%

Ayer el Consejo del Banco Central decidió aumentar el porcentaje permitido a los multifondos de las AFP para invertir en activos alternativos. La medida apunta principalmente a que las administradoras puedan tener portafolios más diversificados, lo que podría generar mayores rentabilidades en el largo plazo. 

Pero ¿cuál sería el impacto en las pensiones? La Superintendencia de Pensiones (SP) explicó a Diario Financiero que los datos históricos muestran que los activos de capital privado (un activo alternativo) han rentado 3% a 5% al año más que sus equivalentes tradicionales. "Es decir, un fondo como el fondo tipo A, que ahora puede tener hasta un 13% en activos alternativos, podría eventualmente tener una rentabilidad extra del 0,3% al 0,75% anual superior a la que obtendría si no tuviera estos activos", detalla. 

Con esto entonces, se podría ver un impacto cercano a un aumento en la pensión "superior al 10% al final del período de acumulación de ahorros previsionales (comparado con la opción de no poder invertir en activos alternativos)", proyecta el regulador.

Específicamente, el aumento en el caso del fondo A en el límite desde el 10% establecido en 2017 al 13% ahora, "significa un aumento potencial en la rentabilidad de 0,09% al 0,25% que puede parecer pequeño, pero si se observa durante todo el período de acumulación resulta relevante", precisan. 

Sin embargo, la entidad reconoce que normalmente las inversiones en activos alternativos "implican plazos de maduración más largos, con diferentes riesgos asociados", pero esto supone dos características que resultan interesantes para los inversionistas institucionales. 

Una de esas es el premio por liquidez. Dado que los inversionistas institucionales no tienen necesidad de liquidez y las inversiones en activos alternativos sí, la oferta de remuneración por capital es mayor.

La otra es la descorrelación con el portafolio. "Generalmente estas inversiones se mueven en un ciclo muy diferente al de las inversiones tradicionales y esto ofrece una mayor diversificación efectiva del portafolio. De esta manera, al agregar activos de mayor riesgo (aisladamente) se consigue un portafolio con menor riesgo consolidado y mayor retorno esperado", aclara el regulador.

Respecto a la situación de las AFP, la Superintendencia de Pensiones detalló que cada administradora estaba utilizando un espacio diferente de estos límites. "Algunas estaban copadas y ahora tienen un margen adicional, mientras que aún no había comenzado a invertir en estos activos", indicó.

De todas formas, remarcó que todo el sistema se ha capacitado de forma importante para buscar los mayores retornos posibles de estas inversiones en beneficio de los afiliados y evidentemente de sus ahorros previsionales.

Según datos del regulador, al 9 de diciembre de 2019 la inversión en los citados instrumentos por parte de los fondos de pensiones alcanza a US$ 7.774 millones. De este monto, el 76% corresponde a la categoría de capital privado, el 10% a la de deuda privada, el 9% a la de activos inmobiliarios y el 5% a infraestructura.

Tipos de activos alternativos

La SP señala que se denominan activos alternativos a aquellos activos financieros que usan estrategias, plataformas o modelos de inversión diferentes de los llamados activos tradicionales. 

La actual normativa permite la inversión en derivados (opciones, futuros, forwards y swaps) que se utilizan tanto para cobertura como para inversión. Estos activos, sin embargo, no están clasificados como activos alternativos, aunque son bastante comunes y conocidos.

De esta manera, los principales activos alternativos que están autorizados para inversión por parte de los fondos de pensiones actualmente son:

• Capital privado: acciones de una empresa que no se transa en el mercado bursátil.
• Infraestructura: inversiones en proyectos de infraestructura.
• Inmobiliario: inversión en bienes raíces.
• Deuda privada: deuda, convertibles u otra forma de mezanino (estructuras de deuda que tienen diferentes sistemas que pueden generar control político a la empresa) que no son de oferta pública.